15 principales preocupaciones y recomendaciones sobre la situación de los niños y niñas en España

La Plataforma de Infancia ha presentado hoy su informe sobre cómo se aplica en España la Convención sobre los Derechos del Niño. Es el documento que defenderá el próximo 16 de junio en Ginebra ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Las principales tareas pendientes que señala el informe son la coordinación efectiva de los recursos, un mayor peso de la pobreza infantil en la agenda política y una apuesta continua por la firma de un Pacto de Estado que dé estabilidad al sistema educativo.

Según palabras del Director de la Plataforma, Ángel Hernández, “una mejor coordinación lograría ya importantes mejoras en la situación de la infancia en España, además de que se aprovecharía mejor los fondos que ya se invierten en unos momentos de crisis como los que vivimos”.

Además, durante la rueda de prensa, se han hecho las 15 principales preocupaciones y las 15 recomendaciones que se demandan al Gobierno para mejorar la situación de la infancia en España.

Nos preocupa…
Recomendamos…
1.       Legislación:
Está pendiente una revisión y armonización de las edades mínimas en las que el ordenamiento concede trascendencia jurídica a actos ejecutados por niños y niñas.
Reconocer la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) como parte de la ley e instrumento marco que dé coherencia a todas las políticas dedicadas a la infancia y la juventud.
2.       Coordinación y estrategia global:
El Observatorio de Infancia estatal cuenta con recursos claramente limitados y sus decisiones no son vinculantes.
Reforzar la coordinación entre los organismos e iniciativas públicas nacionales.
3.       Recursos:
Existen diferencias de recursos entre Comunidades Autónomas (CCAA).
Es difícil identificar el presupuesto real destinado a infancia.
Tememos que la crisis provoque una reducción drástica de las inversiones.
 
Garantizar a todos los niños y niñas, independientemente de su lugar de residencia, el acceso igualitario a unos servicios sociales básicos.
4.       Compilación de datos:
Se carece de un sistema integral de recogida y análisis de información. Así resulta complejo el informarse adecuadamente para formular y evaluar las políticas de infancia.
Articular un sistema de información compartido a nivel nacional y autonómico, que permita un verdadero análisis de la realidad, el posterior diseño de políticas y la evaluación de su impacto.
5.       Difusión de la CDN:
El conocimiento de la CDN es claramente insuficiente. No es una pauta habitual ni la adaptación de materiales a un lenguaje comprensible para niños y niñas, ni la formación específica de profesionales.
Difundir apropiadamente la CDN tanto entre la población adulta y las y los profesionales, como entre la infancia y adolescencia.
6.       Participación infantil:
El desconocimiento del derecho de participación infantil trae consigo el impulso de iniciativas dispares y sin carácter de permanencia.
Diseñar estándares de intervención sobre participación infantil al amparo de la CDN.
7.       Medios de comunicación y tecnologías de la información y de la comunicación (TIC):
Mientras crece el consumo de televisión, videojuegos, Internet y publicidad por parte de las niñas y los niños, falta financiación para evaluar los contenidos que se emiten y para producir más contenidos educativos.
Incrementar la financiación y hacerla sostenible para proyectos de creación e investigación de productos infantiles en materia de videojuegos, producción digital y audiovisual.
8.       Entorno familiar y otro tipo de tutela:
Los programas preventivos de intervención familiar no cubren en líneas generales las demandas sociales. La detección precoz de las situaciones de riesgo evita abandono y maltrato posterior.
Reforzar de forma prioritaria los servicios de apoyo a las familias tanto en intervención como en tratamiento y acompañamiento.
9.       Menores extranjeros no acompañados:
No existe un procedimiento uniforme que determine el “interés superior” del niño o niña y que garantice la interpretación particularizada de cada caso. Cada Comunidad Autónoma tiene competencia para establecer su propio procedimiento y normativa, lo que se traduce en un trato diferenciado dependiendo del territorio.
Garantizar que, como primera medida una vez identificados como menores de edad no acompañados, se hace un análisis individual de las circunstancias particulares de cada chico o chica, haciendo una correcta determinación de su interés superior, para poder tomar las medidas adecuadas de acuerdo con su situación.
10.   Violencia:
No existe un conocimiento riguroso de la dimensión del problema. Sigue sin existir la debida coordinación entre los diferentes ámbitos implicados y los recursos especializados para atender a los niños y niñas son escasos.
 
Impulsar las reformas necesarias que aseguren un marco con estándares mínimos de atención entre las distintas CCAA.
11.   Salud básica y bienestar:
Se ha detectado una tendencia al crecimiento del número de los trastornos de naturaleza psicológica y psíquica en la población infantil y juvenil.
Reformar el sistema sanitario infantil y juvenil, especialmente en lo que se refiere a mayor dotación de especialistas en Pediatría, y reconocimiento y desarrollo de la especialidad de Psiquiatría Infantil y Juvenil.
12.   Pobreza y exclusión social:
El 24% de las niñas y los niños en España vive bajo el umbral de la pobreza.
Dar mayor peso a la pobreza infantil en la agenda política contemplándola de forma especial y coordinada en los próximos Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia y Plan de Acción para la Inclusión Social.
13.   Educación:
En la educación formal, se vienen impulsando cambios legislativos sin evaluaciones previas y coordinadas. Existe además una distribución desigual de recursos.
Con respecto a la educación no formal, sus recursos no se consideran obligatorios, existiendo un vacío legal a nivel nacional con respecto al desarrollo y supervisión de dichas actividades.
Apuesta continua por la firma de un Pacto de Estado que logre establecer un acuerdo de mínimos que dote de estabilidad al sistema educativo.
Impulsar una regulación de las actividades y espacios de ocio y tiempo libre que asegure su carácter educativo.
14.   Derecho al juego:
Falta de normativa que regule de forma general las ludotecas, lo que provoca que haya de remitirse a normativas sectoriales del ámbito autonómico y local como referencia, constatándose además grandes diferencias entre autonomías.
Establecer una regulación estatal de requisitos mínimos en actividades y espacios de ocio y tiempo libre destinados a infancia.
15.   Justicia juvenil:
Nos preocupan las diferencias en la distribución de recursos en cada administración autonómica. También hay diferencias en los modelos de intervención. Además, las numerosas reformas legales que se han dado en tan poco tiempo no dan estabilidad a las intervenciones.
Promover un tratamiento similar de los chicos y chicas bajo medidas judiciales con independencia del lugar del territorio español en que se encuentren.

 

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