Casi un tercio de la población infantil en España vive en riesgo de pobreza

Casi un tercio de la población infantil en España vive en riesgo de pobreza

Informe sobre el impacto de la pobreza infantil en España

Informe sobre el impacto de la pobreza infantil en España

La pobreza infantil en España alcanza cotas máximas, 2.826.549 niños y niñas viven en España en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone un serio obstáculo para disfrutar de los derechos que tienen reconocidos en la Convención sobre los derechos del niño de Naciones Unidas.

Lo ha denunciado Save the Children en la presentación de su informe 2.826.549 Razones. La protección de la infancia frente a la pobreza: un derecho, una obligación y una inversión, que forma parte de la campaña ‘Y a mí, ¿quién me rescata?’.

A pesar del compromiso expresado por parte de los poderes públicos con la lucha contra la pobreza infantil, las iniciativas aprobadas hasta el momento son insuficientes. Por eso, exigen al Estado que cumpla con su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para que se garanticen los derechos de la infancia en España y se proteja así a los niños y las niñas frente a la pobreza y la exclusión social.

Mucha voluntad, pocos presupuestos

‘Más que en las declaraciones, expresiones de voluntad política, políticas públicas y reformas legislativas, es en los presupuestos públicos donde más claramente se refleja el compromiso político de los gobiernos para abordar la situación de los niños y las niñas en un país. La escasez de inversión pública en políticas de protección a la infancia tiene un efecto demoledor sobre los niños. Seguimos estando a la cola de la UE en inversión en infancia’, explica Alberto Soteres, Director General de Save the Children en España.

‘Si bien el recién aprobado Plan nacional de acción para la inclusión social (PENAIN) incorpora la pobreza infantil como objetivo transversal, no hay una política específica. El fondo extraordinario de 17 millones anunciado por el Gobierno para la lucha contra la pobreza infantil, aunque bienvenido, es insuficiente. Además, existen otras reformas y políticas en curso que están mermando, de manera directa o indirecta, los recursos destinados a la infancia o que están debilitando las economías familiares’, continúa Soteres.

Cuando el núcleo familiar se encuentra en dificultades económicas son varios los derechos que se pueden ver comprometidos; entre ellos el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la educación, a ser protegido frente a la violencia o el derecho de todo niño o niña al descanso y al juego.

En España, la inversión en política social en general y en infancia en particular está lejos de considerarse como una inversión. El porcentaje del PIB destinado a políticas de protección social es del 25,19%, 3,7 puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea, lo cual evidencia su escasa capacidad para reducir la pobreza infantil.

Los profesionales de Save the Children que realizan intervención directa con familias en riesgo de pobreza o exclusión social constatan un empeoramiento de las condiciones de vida de los niños y niñas que participan en los programas.

‘No debemos olvidar que los derechos humanos son líneas rojas que ninguna política debe traspasar. Garantizar la protección de los niños y las niñas frente a la pobreza es una obligación legal de los Estados, pero también una decisión económica que permite romper el ciclo de transmisión de la pobreza y tiene un retorno económico que será la base de una sociedad más próspera y cohesionada’, añade Soteres.

Para luchar contra la pobreza infantil en España, piden a los poderes públicos:

  • Realizar un diagnóstico riguroso de la situación de pobreza infantil en España.
  • Definir una estrategia común en todos los ámbitos que afectan a la infancia.
  • Destinar los recursos materiales, humanos y formativos que sean necesarios para abordar de manera eficaz la puesta en marcha de las medidas más convenientes.
  • Aumentar la transparencia de la información relativa a los recursos públicos destinados a la infancia por cada administración.
  • Elaborar y aprobar un Plan de Apoyo a las Familias que tome como referencia la recomendación de la Comisión Europea ‘Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas’.

 

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