El Comité de los Derechos del Niño señala la necesidad de aumentar la inversión en infancia en España

El Comité de los Derechos del Niño señala la necesidad de aumentar la inversión en infancia en España

Los recursos destinados a la infancia, la no discriminación, la violencia contra la infancia, los niños, niñas y adolescentes en régimen de acogimiento, la pobreza infantil, la educación y los niños solicitantes de asilo y menores extranjeros no acompañados son las grandes asignaturas pendientes del Estado Español en temas de infancia según las recomendaciones que ha hecho hoy públicas el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha manifestado su preocupación por el hecho de que el nivel de inversión en infancia por parte del Estado ha sido inadecuado para compensar el impacto negativo de la severa crisis económica y social que comenzó en 2008 y que ha llevado a un aumento de la pobreza y de la inequidad social en España. Así se recoge en las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas al Gobierno de España, hechas hoy públicas.

Estas Observaciones Generales son el resultado de un exámen que se realiza periódicamente a los Estados que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. Las observaciones tienen en cuenta el informe presentado por el Gobierno así como su comparecencia ante el Comité, que tuvo lugar el pasado 22 de enero; pero también los informes presentados por la sociedad civil como el Informe Complementario de la Plataforma de Infancia y el informe realizado por más de 3.000 niños y niñas de toda España a través de organizaciones que forman parte de la Plataforma de Infancia “Poniendo nota a nuestros derechos” que los niños y presentaron en persona los miembros del Comité.

En sus Observaciones, el Comité ha manifestado su especial preocupación por el impacto de los recortes de inversión pública en educación, salud, vivienda y protección social, que afectan particularmente a niños, niñas y adolescentes de familias con escasos recursos. En este sentido, el Comité urge al gobierno a tomar medidas para promover, en todas las comunidades autónomas, un análisis de las necesidades de inversión en infancia con el objetivo de redistribuir recursos para el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incrementando la inversión en educación y la provisión de servicios públicos.

El Comité también recomienda la elaboración de presupuestos públicos destinados a infancia que incluyan indicadores específicos de monitoreo y evaluación así como la mejora de la transparencia en el uso de estos recursos, animando a un debate público que incluya a niños, niñas y adolescentes y mecanismos de rendición de cuentas para las autoridades locales y regionales. Además, pide líneas de financiación específicas para niños y niñas en situación de pobreza o exclusión social que sean efectivas incluso en situación de crisis económica, desastres naturales u otras emergencias.

Otro área de preocupación es la ausencia de un análisis presupuestario consistente a nivel nacional y de las comunidades autónomas para la correcta identificación, seguimiento y protección de recursos para la infancia. El Comité ha reiterado su recomendación previa de que el gobierno continúe fortaleciendo los sistemas de coordinación entre la administración central y las Comunidades Autónomas en la implementación de políticas para la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; asegurando que se destinan los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados.

“Desde la Plataforma de Infancia compartimos la preocupación del Comité por el  el impacto de los recortes la en infancia y pedimos que se aumenten los recursos destinados a infancia hasta alcanzar la media de la Unión Europea del 2,4% del PIB. Además, es necesario que este aumento de recursos tiene que garantizarse a través de un acuerdo político en el marco de un Pacto de Estado por la Infancia” ha explicado Adolfo Lacuesta, Presidente de Plataforma de Infancia.

Otras asignaturas pendientes del gobierno son el fortalecimiento de medidas para prevenir y combatir la discriminación de niños, niñas y adolescentes; la falta de progreso en la adopción de una ley integral de violencia contra la infancia; la reducción de niños, niñas y adolescentes en instituciones a través de un mayor apoyo a las familias; la reducción de los indicadores de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza o exclusión social; mejorar la coordinación entre comunidades autónomas para garantizar que el derecho a la educación se garantiza por igual; y facilitar el acceso a procedimientos de asilo a niños, niñas y adolescentes que necesiten protección internacional, así como garantizar la protección de los menores europeos no acompañados.

En positivo, el Comité de los Derechos del Niño ha elogiado la ratificación del Protocolo Opcional de la Convención sobre los Derechos del Niño en 2013 y la adopción de la Ley Orgánica 8/2015 del 22 de Julio y 26/2015 del 28 de Julio, que modifican el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. También ha señalado como un avance el que la Ley 26/2015 incorpore la obligación de evaluar el impacto en niños, niñas y adolescentes en todas las proposiciones no de ley. Otro avance significativo ha sido la creación de la Comisión de Infancia y Adolescencia en el Congreso de los Diputados. Además, el Comité valora positivamente el compromiso del gobierno con la Agenda 2030 para un Desarrollo Sostenible y la adhesión voluntaria del gobierno al Forum Político de Alto Nivel para realizar una revisión de dichos objetivos en 2018.

Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño


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También está disponible una versión en castellano NO OFICIAL


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