El Gobierno aprueba iniciativas para proteger a niños y niñas víctimas de violencia de género

El Gobierno aprueba iniciativas para proteger a niños y niñas víctimas de violencia de género

maltrato

Hoy se cumple un mes tras la aprobación en Consejo de Ministros del Proyecto de Ley del Estatuto de la Víctima del Delito, que “refuerza los derechos y garantías procesales de las víctimas de violencia de género y sus hijos, así como de las víctimas de trata con fines de explotación sexual”. El Estatuto de la Víctima constituye un catálogo de los derechos procesales y extraprocesales de aquellas personas que sufran un perjuicio físico, moral o económico a consecuencia de un delito, y también de sus familiares.

En esta misma línea, el pasado 1 de agosto entró en vigor, de forma general y para España, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica -Convenio de Estambul-, que reconoce la violencia contra la mujer como una violación de los derechos humanos y como una forma de discriminación, considerando responsables a los Estados si no responden de manera adecuada“.

Junto a estas iniciativas, que complementan la ‘Estrategia para la Erradicación de la Violencia de Género’ impulsada por el Gobierno, se pretende trabajar en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para articular todas las medidas que se consideren necesarias para avanzar en el camino de la igualdad y contra la violencia de género.

Por su parte, la Policía Nacional, a través del Servicio de Atención a la Familia (SAF), tiene funciones de investigación criminal, con especial atención personal a la víctima, desde la toma de denuncia y la valoración de riesgo de las víctimas hasta el traslado de las pruebas a la autoridad judicial.

La Unidad de Prevención, Asistencia y Protección del Cuerpo Nacional de Policía (UPAD) es la encargada de vigilar el cumplimiento de las medidas de protección concedidas a las víctimas por la Autoridad Judicial.

Finalmente, la Guardia Civil, a través de los equipos especializados de Mujer y Menores (Emume), está capacitada para atender los casos de violencia en pareja, delitos contra la indemnidad sexual, tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual y la actuación con el menor como víctima dentro de su ámbito territorial.

Estas iniciativas se aprueban después de que el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) condenara al Estado español el pasado mes de mayo por no actuar de manera diligente en la protección de una mujer, víctima de violencia de género, y de su hija, de 7 años, que fue asesinada por el padre.

Asimismo, el Comité de Derechos del Niño en sus Observaciones Finales de 2010 recomendaba a España “la aprobación de una ley integral de violencia contra la infancia, similar a la que existe sobre violencia de género o doméstica, que garantice la reparación de sus derechos y unos estándares mínimos de atención en las diferentes CCAA”.

En este sentido, aunque  la Plataforma de Infancia analizaba la situación en el Informe Complementario presentado al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas de 2010, “existen diferentes fuentes oficiales que ofrecen datos de interés sobre niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, como los Anuarios Estadísticos del Ministerio del Interior; los que elaboran las Fiscalías de Menores; los registros de los sistemas de protección de las CCAA; otros Informes de instituciones relevantes, como el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre víctimas de violencia de género, y los datos desprendidos de actuaciones desarrolladas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. No obstante, los registros no son sistemáticos a la hora de describir todas las formas de violencia, haciendo referencia a categorías, fuentes de verificación y grupos de población distintos. De este modo, no resulta posible establecer estudios comparativos”. Pero, más adelante, la Plataforma de Infancia reconocía públicamente el esfuerzo del Gobierno por su propuesta de mejorar el RUMI, levantar estadísticas que incluyan a los menores de edad víctimas de violencia de género, regular el establecimiento, entre las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, de un sistema de información que permita el conocimiento de la situación de la protección a la infancia en España y la tipificación de los nuevos delitos de maltrato a través de la Red como el ciberacoso, entre otras acciones incluidas en el II Plan de Infancia y que apuntan a la prevención de los casos sobre maltrato infantil en España.

Lamentablemente la medidas impuestas no han sido suficientes para frenar las atrocidades cometidas sobre las víctimas de violencia de género, especialmente de los niños y de las niñas que terminan siendo doblemente el blanco de los maltratadores.

Desde la Plataforma de Infancia esperamos que estos pasos aseguren significativamente la protección de los niños y niñas, especialmente de éstos que sufren una especial vulneración de sus derechos fundamentales.

 

 

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