Gobierno y sociedad civil explican cómo se vigila el cumplimiento de los derechos de la infancia

Gobierno y sociedad civil explican cómo se vigila el cumplimiento de los derechos de la infancia

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El pasado 26 de marzo, tuvo lugar en la sede de Servicios Generales de Cáritas Española, entidad miembro de la Plataforma de Infancia, la celebración de la Jornada: España y el cumplimiento de los derechos de la infancia, organizada por la Plataforma de Infancia. El encuentro contó con  la destacada participación de expertos que explicaron a los participantes, el proceso de seguimiento de la aplicación de los derechos de la infancia en España, en el marco de la estructura de derechos humanos de Naciones Unidas.

En este marco, la Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Salomé Adroher Biosca, comentó que el Gobierno ha iniciado los trabajos para la elaboración del V y VI Informe de Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en España se que presentará este año a Naciones Unidas. “Sólo un 30% de los países presentan informes y España es uno de ellos. No todos los países presentan los informes a los que están obligados por la Convención. En este sentido, nos hemos puesto mano a la obra, tanto por la responsabilidad contraída por el Estado como apoyando al sector social”, destacó Adroher.

Adroher también compartió como importantes avances que se resaltarán en el Informe, el Proyecto de Ley de Protección de la Infancia y su Ley Orgánica Complementaria, leyes que considera, se ajustan mejor a la Convención y a los Protocolos Facultativos, mejorando, entre otros aspectos, la coordinación entre las Comunidades Autónomas, el refuerzo del sistema de protección, incluyendo el impacto en la infancia en proyectos de ley y reglamentos. Del mismo modo, aprovechó para anunciar un convenio o adenda con UNICEF en la que ambas instituciones dispondrán,  en una web, de un lugar donde todas las estadísticas estatales y no estatales del ámbito de la infancia y bienestar infantil tengan su espacio reservado de forma compartida. Por último, Adroher recordó la importancia de contar con la participación de niñas y niños en el contenido del Informe, por lo que animó a otras entidades, como ya lo hacen la Plataforma de Infancia y UNICEF-Comité español, a presentar programas sobre esta cuestión a través de la subvenciones con cargo al IRPF.

Conchi Ballesteros VicentePor su parte, Conchi Ballesteros Vicente, coordinadora del Informe  Complementario al V y VI Informe de España que presentará la Plataforma de Infancia al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, explicó el proceso de trabajo iniciado por la Plataforma en 2014, haciendo un recorrido por los antecedentes del proceso, detallando la metodología a seguir y, recordando que, en esencia, “el Informe supone el fomento del enfoque de derechos de infancia, el refuerzo del trabajo en red y la incidencia en las políticas de infancia”.

En este sentido, Ballesteros afirmó que “tenemos una oportunidad única de trasladar nuestras principales áreas de preocupación sobre la situaciones de infancia. Este trabajo aporta legitimidad ya que recoge información de más de 50 entidades miembro, proceso que este año se abrirá a otras entidades. Esto permite un conocimiento variado y especializado, es más riguroso ya que hay un número alto de participantes”.

El seguimiento permanente de la aplicación de la CDN constituye un eje fundamental del trabajo de la Plataforma de Infancia, por ello, el Informe Complementario supone, en esencia, el producto de ese trabajo.

Jorge_Cardona_Comite_Derechos_ninoLa Jornada incluyó un mesa de destacados expertos para explicar la labor de la sociedad civil en el seguimiento de otras Convenciones de Derecho Internacional, en particular, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entre ellos, Jorge Cardona Llorens, miembro del Comité de los Derechos del Niño, aclaró que “los derechos del niño no están sólo en la Convención están en los nueve tratados internacionales sobre derechos humanos”. España es parte de todos menos del relativo a Trabajadores Migrantes, dado que está enfocado sólo a países que emiten migración y no es nuestro caso. Cada tratado tiene un Comité, cuya responsabilidad es hacer el seguimiento de cómo los Estados hacen efectivo el cumplimiento de los derechos.

“La estructura de Naciones Unidas es complicada y la coordinación, en nuestro caso, también es un reto. Pero se ha avanzado”, sostuvo Cardona. En este sentido, mencionó el ejemplo de trabajo conjunto de dos Comités, el del Niño y Mujer, que por primera vez elaboraron un protocolo común sobre prácticas como la mutilación genital femenina, matrimonio forzado, etc. También intentamos, explicó Cardona, “realizar reuniones conjuntas con otros comités”.

Cardona se refirió, por otra parte, al gasto público en materia de infancia, partiendo del artículo 4 de la Convención. “Hoy es fácil que un Estado tenga una gran legislación en materia de infancia, pero es muy difícil saber cuánto se invierte realmente. Nos damos cuenta de que los derechos no se pueden garantizar a coste cero. El Comité quiere explicarles a los Estados cuáles son sus obligaciones en los presupuestos para cumplir los derechos de infancia”. Y como última observación apuntó: “me gustaría añadir que es importante que las niñas y niños hagan su propio informe, diferente al de la sociedad civil organizada”.

mikel_mancisidorPor su parte, Mikel Mancisidor de la Fuente, Miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sostuvo que “sería fundamental hacer un trabajo técnico que identifique dónde se cruzan los informes de ambos comités. Los informes que son reactivos como respuesta al Estado, tienen un interés concreto, para denunciar y llamar la atención sobre ciertos temas. Es más interesante tener información nueva. La sociedad civil no tiene que limitarse a reaccionar”.

Isidro_rodriguez_fsg Isidro Rodríguez Hernández, Director General de la Fundación Secretariado Gitano, documentó desde la experiencia de la Fundación, la participación de la sociedad civil en el Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). La preparación del informe DESC fue en 2012, en plena incidencia de la crisis. Rodríguez manifestó la experiencia como “un lujo porque pudimos hacer llegar qué estaba pasando con las medidas de austeridad, qué pasaba con educación o recortes en salud. En el informe, lamentamos cómo leyes que esperábamos se iban a quedar en el tintero”.

En la última mesa, “Las Defensorías como garantes”, Iñigo Lamarca Iturbe, el Ararteko, dio a conocer una jornada de coordinación que este año ha tratado sobre políticas familiares, con participación de todas las defensorías. En este sentido Larmarca destacó que “las políticas públicas han de garantizar el interés superior del menor, teniendo en cuenta las características propias de las familias de cada uno de cada modelo (de familia)”. En este sentido apuntó la necesidad de estas políticas en familias en situación de pobreza, familias migrantes o las familias de etnia gitana. También señaló la necesidad de políticas públicas específicas de conciliación. “Valoramos que estas políticas son insuficientes y están fracasando. Y, de ellas, se ha generado la consecuencia de la reducida tasa de natalidad en España”.

defensorias_JornadaCDNPor último, intervino Bartolomé José Martínez García,Técnico Responsable del Área de Sanidad y Política Social del Defensor del Pueblo, quién reconoció que la Institución a la que representa no tuvo una participación muy activa en la elaboración del anterior informe, “lo reconocemos y estamos en vías de solucionarlo”. Asimismo, admitió que en España existe un déficit en la recolección de datos que limita el seguimiento de los protocolos.

Por otra parte, Martínez comentó que el Defensor del Pueblo elaboró un informe sobre víctimas de trata con varios capítulos dedicados a niñas y niños, incluidas una serie de recomendaciones y, pasado el tiempo, elaboró un estudio de seguimiento. De los casos detectados, “lo que más nos preocupa es la situación de menores de edad que llegan a las playas en cayuco con personas adultas que dicen ser sus padres y madres, pero que no sabemos con certeza esta relación. Para empezar, a estas niñas y niños se les niega  el derecho a la identidad porque no están registrados. Es el más básico de los derechos”.

En este sentido, el Ministerio Fiscal está dando pasos pero, en ocasiones, afirmó Martínez, “tenemos la sensación de tener un diálogo de sordos con la Administración sobre los presupuestos. Pensamos que ciertos recortes realmente van a costar aún más recursos, ya que van a provocar mayores problemas que necesitarán más recursos para solucionarlos”. Del mismo modo, en el tema del asilo existe mucha polémica. Desde el punto de vista de la Institución, consideran que en muchos casos “los derechos de los niños y niñas pueden entrar en colisión con los de sus madres y padres, en casos como la trata o venta”, apuntó Martínez para finalizar.

Carles Barba Boada, moderador de la mesa y Tesorero de la Plataforma de Infancia, agradeció a los asistentes su participación y a los expertos su contribución en esta jornada.

Más información

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