La Plataforma de Infancia solicita al Gobierno la no devolución del menor de edad marroquí tal y como ha recomendado Naciones Unidas

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El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha solicitado a España, según las informaciones publicadas por la Cadena Ser el pasado dos de febrero, la no devolución de un menor de edad llegado a Lanzarote,  en una patera, el pasado uno de enero. El Estado tiene la obligación de considerar este tipo de recomendaciones realizadas por el Comité de Naciones Unidas.

El chico, de nacionalidad marroquí, portaba partida de nacimiento y libro de familia, según estas mismas fuentes, pero contrario a esas pruebas, la Fiscalía de las Palmas ordenó la realización de prácticas de determinación de la edad que, según informaron, arrojaron que el joven ya había cumplido los 18 años y alcanzado la mayoría de edad. En la actualidad, la fiabilidad e idoneidad de dichas pruebas han sido cuestionadas en reiteradas ocasiones por su amplio margen de error por instituciones tan reconocidas como el Defensor del Pueblo o la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. No obstante, tras el resultado, se ha decidido de manera urgente, su traslado al CIE de Madrid para preparar su inminente expulsión de España.

Las pruebas de determinación de la edad no sólo son cuestionadas sino que en este caso concreto, no son pertinentes. El Tribunal Supremo en su jurisprudencia ha establecido que el inmigrante con documentación que acredite su minoría de edad no puede ser sometido a pruebas complementarias de determinación de la edad. No obstante, en el caso que nos ocupa, aunque el joven marroquí portaba documentación que acreditaba su minoría de edad, no se le ha tenido en cuenta, sin al menos considerar el beneficio de la duda, priorizando su condición de extranjero por encima de su minoría de edad y vulnerando, en consecuencia, el cumplimiento de sus derechos.

Desde la Plataforma de Infancia, entidad que aglutina a alrededor de 60 organizaciones que trabajan por la defensa, promoción y protección de los derechos de la infancia en España, sostiene que la condición del menor de edad debe priorizar las actuaciones del gobierno por encima de la política migratoria u otras cuestiones, primando su interés superior sobre cualquier otra consideración, tal y como establece la Convención sobre los Derechos del Niño. En este sentido, hemos solicitado a la Fiscalía así como al Ministerio del Interior la suspensión de esta expulsión por vulnerar todos los tratados internacionales de derechos de infancia a los que España está obligada a cumplir .

Asimismo, solicitamos a las Administraciones Públicas involucradas en este proceso y en concreto, al Gobierno, que reconsideren este caso, revoquen la decisión adoptada dando credibilidad a la documentación oficial del menor de edad expedida por su país de origen, garantizando así, el cumplimiento de sus derechos. Rogamos se declare al menor de edad en desamparo y que la Comunidad Autónoma pertinente se haga cargo de su tutela y garantice su protección. Exigimos que no se proceda a la expulsión de manera urgente.

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