1.

La aprobación de la ley para erradicar la violencia contra la infancia y una estrategia multidisciplinar. Existe consenso parlamentario (se aprobó una PNL apoyada por todos los grupos parlamentarios en 2017) y un trabajo hecho en este sentido (El gobierno tiene borradores que ha trabajado con las organizaciones de infancia), por lo que el nuevo gobierno tendría que trasladarlo al legislativo cuanto antes para poder aprobarlo en esta legislatura. Tenemos información del porqué de esta ley (datos actuales, que cambiaría etc.).

2.

Elaborar el III Plan de Infancia y Adolescencia (PENIA) 2018-2022, que es una de las recomendaciones que ha hecho este año a España el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y que el anterior Gobierno no ha terminado de elaborar. El III Plan permitirá asumir compromisos para el Gobierno y coordinar mejor las políticas de infancia a todos los niveles. Es competencia exclusiva del Ejecutivo.

 

3.

Retomar los trabajos para aprobar una Estrategia de Pobreza y Exclusión Social en la que se comprometa a largo plazo con la reducción de la pobreza infantil en España. Para ello es fundamental, en los siguientes presupuestos del estado, incluir compromisos en relación a pobreza infantil y educación 0-3

4.

Fomentar y dar ejemplo como gobierno en generar canales de participación infantil para que se tenga en cuenta la opinión de niños, niñas y adolescentes en las cuestiones que les afectan. Es necesario generar canales estables (como un Consejo Estatal de Participación Infantil ) allá donde se tomen decisiones (Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, etc)

5.

Comprometerse con la aprobación de un Pacto de Estado por la Infancia. Asegurando que los futuros Gobiernos garanticen unos compromisos mínimos con la infancia en términos de inversión, protección, etc. Este Pacto ya fue asumido como compromiso por todos los grupos parlamentarios, siendo una de las pocas PNL aprobada por el apoyo de toda la Cámara el pasado diciembre.

Este pacto debe contemplar las siguientes cuestiones prioritarias:

  • Asumir un compromiso de incremento progresivo de la inversión en infancia hasta alcanzar la media europea. En concreto debería asumirse una implementación progresiva hasta 2022 de una nueva medida de ámbito nacional de protección social y económica de los hogares con niños, consistente en establecer una prestación económica directa de 1.200 euros anuales por cada niño o niña (menores de 18 años) condicionada a un límite de ingresos basado en los umbrales oficiales de pobreza.

Esta política beneficiaría a unos 2.485.000 niños y niñas y reduciría las tasas de riesgo de pobreza infantil en un 18% y las de pobreza infantil severa en un 30%, teniendo un impacto considerable también en las cifras de pobreza de los adultos.En materia educativa:

  • El Pacto de Estado debe suponer un compromiso progresivo de oferta de plazas públicas de educación infantil de primer ciclo, con el objetivo de que España alcance en 2022 la media europea de cobertura pública en esa etapa y aumente la escolarización entre las familias más vulnerables. Para ello se deberá establecer una cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas para financiar conjuntamente la creación de 70.000 plazas públicas en escuelas infantiles que deberán ser gratuitas para las familias con menos recursos.

Se deben asumir compromisos para incrementar la inversión en becas y ayudas al estudio para alcanzar la media europea del 0,44 % PIB en 2022, especialmente en las etapas obligatorias y postobligatorias no universitarias. Se revisar los criterios de concesión para que el alumnado por debajo del umbral de la pobreza tenga derecho a las máximas cuantías y están sean suficientes para cubrir los costes educativos.

En materia de protección:

  • El Pacto de Estado deberá destinar recursos a fortalecer la protección de la infancia y la adolescencia en nuestro país para garantizar la correcta implementación de los cambios que introdujo la Ley 26/2015 del 28 de julio.