La Fundación Secretariado Gitano comparece ante la Comisión de Reconstrucción en el Congreso para presentar sus propuestas

La Fundación Secretariado Gitano comparece ante la Comisión de Reconstrucción en el Congreso para presentar sus propuestas

  • Desde la FSG nos felicitamos porque en un proceso de reconstrucción social y económica como éste se tenga en cuenta al pueblo gitano y se implique a las entidades que defienden sus derechos.
  • Proponemos que las personas gitanas no queden al margen en la construcción de un modelo de sociedad con mayor garantía de derechos económicos y sociales. Para ello es imprescindible el fortalecimiento de unas políticas públicas inclusivas que den respuestas adaptadas y específicas. 

Madrid, 3 de junio 2020.- El 1 de junio tuvo lugar en el Congreso de los Diputados la Comparecencia ante la Comisión de Reconstrucción social y económica. Entre otras intervenciones de ONG y Plataformas sociales, la Fundación Secretariado Gitano (FSG), representada por Mayte Suárez Vega, Subdirectora general, tuvo la oportunidad de desgranar las 10 propuestas que resumen la posición de la FSG para un modelo de sociedad más justa, equitativa, sostenible y solidaria, con mayores garantías de derechos económicos y sociales.

La crisis económica y social post-Covid19 va a tener un impacto devastador sobre las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como la población gitana, si no se toman las medidas oportunas. La reconstrucción no puede seguir las recetas de la crisis de 2008, de la que la población gitana, como muchos otros grupos vulnerables, no se ha recuperado.

La pobreza, la desigualdad y la discriminación afectan de manera desproporcionada y persistente a la comunidad gitana. En cada una de las crisis que sufre este país, la brecha con respecto al conjunto de la población, se agranda. “Y es que hay barreras estructurales en esa situación de vulnerabilidad que, mientras no se aborden de manera específica, la comunidad gitana permanecerá en el furgón de cola de la sociedad española”, señalaba Mayte Suárez.

La crisis del Covid19 no ha venido sino a agravar una situación de vulnerabilidad estructural y multidimensional. Un solo dato refleja la emergencia social que viven muchas familias gitanas: en el inicio de esta crisis más del 40% de las 11.000 personas gitanas entrevistadas por la FSG, participantes en nuestros programas, estaba ya teniendo problemas de acceso a la alimentación, es decir, problemas para cubrir sus necesidades más básicas. Un 40% de media, que en algunos barrios ascendía al 70% y 80%.

Con datos sobre la mesa, Mayte Suárez destacó la intensidad y dimensión de la pobreza (el 86% de las personas gitanas vive por debajo del umbral de la pobreza y el 46% es extremadamente pobre), también la pobreza infantil (89%); la brecha educativa y digital del alumnado gitano; la baja participación de la población gitana en el mercado laboral; la persistencia del chabolismo y de barrios altamente vulnerables; y el impacto de la discriminación sobre el desarrollo de las personas gitanas.

Con todo, y a pesar de la imagen generalizada de que las familias gitanas son perceptoras de prestaciones sociales, sólo el 32% de los hogares gitanos muy pobres las perciben, lo que explica la alta incidencia de la pobreza extrema en la población gitana; una situación de total desprotección para un porcentaje amplio de las familias gitanas.

Por eso, desde la FSG valoran muy positivamente la aprobación de un Ingreso Mínimo Vital (IMV) que garantice ingresos suficientes a los hogares más desprotegidos. Creen que este mecanismo puede ser la mejor herramienta para poner fin a la pobreza. La prioridad debe ser proteger a las familias de la pobreza, sin ninguna contraprestación ni condicionalidad. Pero además, hay que poner en marcha otras medidas de carácter más estructural, por lo que proponen:

  1. Rebajar la edad para la percepción del IMV desde los 23 a los 20 años. El criterio de la edad, entre los 23 y los 65 años, deja fuera a un perfil de jóvenes que contraen matrimonio o se unen como parejas de hecho e inician unidades de convivencia a una edad temprana. Una realidad que se da precisamente en los sectores más vulnerables de la sociedad, en los que la pobreza y la exclusión tienen mayor incidencia.
  2. Acompañar el IMV de oportunidades reales para garantizar el derecho subjetivo a la activación de las personas. La activación de las personas debe contemplarse no solo como una oportunidad, sino como un derecho subjetivo que deben garantizar los poderes públicos. Son las Comunidades Autónomas quienes tienen la responsabilidad de aplicar y garantizar ese derecho con la puesta en marcha de itinerarios educativos, sociopersonales y prelaborales muy especializados y adaptados a la persona y sus circunstancias, teniendo siempre en cuenta la perspectiva de género.
  3. Plan de choque para combatir el fracaso escolar, cuyo objetivo sea reducir su tasa a cero, con un margen temporal de 10 años para medir resultados, y que contemple específicamente las desigualdades estructurales de determinados grupos en situación de vulnerabilidad socioeducativa, como es el caso del alumnado gitano, que están sobrerrepresentados en la tasa de fracaso escolar (6 de cada 10 no obtienen el título de la ESO y solo el 17% de las personas gitanas mayores de 16 años tiene completados estudios de ESO) y sufren una grave brecha educativa respecto al conjunto del alumnado. Un plan de choque que incluya medidas de refuerzo y orientación educativa especializadas y adaptadas.
  4. Plan para prevenir y revertir la segregación escolar del alumnado gitano. La concentración de alumnado gitano en determinados centros educativos, especialmente en colegios de primaria, en porcentajes que superan el 30% y que alcanzan hasta el 70%, 80% y 90%, es una realidad presente en la mayoría de las ciudades españolas. Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), el 31% del alumnado gitano en España estudia en centros de alta concentración.
  5. Medidas inclusivas para evitar la brecha digital. A la brecha educativa del alumnado gitano hay que añadir la brecha digital, que se está mostrando con claridad en esta crisis. El cierre de colegios e institutos ha dado paso a un sistema que se basa fundamentalmente en recursos digitales. Una buena parte de las familias gitanas no solo no cuenta con los recursos digitales necesarios, sino que, aun teniéndolos, el propio alumnado o su núcleo familiar carecen de competencias digitales y conocimientos para utilizarlos de manera eficiente.
  6. Reactivar medidas adaptadas de formación, capacitación y acceso al empleo por cuenta ajena, basadas en itinerarios personalizados, adaptados al perfil educativo y laboral de cada persona para facilitar su proceso de inserción laboral, favoreciendo de manera específica la incorporación a los procesos de formación y empleo de jóvenes y mujeres.
  7. Proteger la venta ambulante como una actividad económica rentable y sostenible, un comercio de proximidad que contribuye al desarrollo económico de las ciudades y pueblos, reactivando en estos momentos su actividad con ayudas directas, e invirtiendo a futuro en procesos de formación, digitalización y mejora de la imagen.
  8. Plan para la erradicación del chabolismo. En el proceso de reconstrucción social y económica de nuestro país, no podemos permitirnos convivir con entornos degradados, segregados y marginados como los asentamientos chabolistas que, aunque residuales, siguen albergando a casi 9.000 personas gitanas, menores incluidos.
  9. Plan de intervención y rehabilitación de barrios en situación de alta vulnerabilidad, con inversiones que garanticen la actividad económica, las comunicaciones y el acceso a los recursos y servicios públicos, cuiden el entorno y los espacios residenciales, y tengan en cuenta la perspectiva de la infancia y la adolescencia, así como de las personas mayores, haciendo del entorno residencial un lugar seguro, inclusivo y sostenible.
  10. Aprobación urgente de la Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación. La población gitana es el grupo social más rechazado, sobre el que pesa una mala imagen social que conduce en muchos casos a conductas discriminatorias y antigitanas, así como discurso de odio. La discriminación vulnera el derecho a la igualdad, atenta contra la dignidad de las personas gitanas y las impide salir de la exclusión social. Necesitamos urgentemente contar con un marco legal que vele de manera efectiva por el igual disfrute de todos los derechos humanos. Una Ley Integral que proteja a todos los grupos potenciales víctimas de discriminación.

Mayte Suárez cerró su intervención señalando que el Pacto al que llegue esta Comisión para la reconstrucción social y económica es una oportunidad es sí misma para las personas más vulnerables, y tiene que generar oportunidades reales también para el pueblo gitano.

La FSG pone en valor el hecho de que en este proceso de reconstrucción social y económica se tenga en cuenta al pueblo gitano y a las entidades que defienden sus derechos. El hecho de que en la comparecencia, además, participaran como miembros de esta Comisión dos de los tres diputados y diputadas gitanas en el Congreso, Sara Giménez e Ismael Cortés, marca un hito en el proceso de participación política del pueblo gitano que está teniendo lugar en esta legislatura.

Larry Ollarve

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