La infancia sigue sin ser una prioridad política y presupuestaria en España

La infancia sigue sin ser una prioridad política y presupuestaria en España


En el último día para presentar enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 la Plataforma de Infancia hace público un análisis de las partidas destinadas a infancia en dichos presupuestos, en colaboración con el despacho de abogados Deloitte Legal y la
abogada e investigadora sobre derechos humanos y vulnerabilidad, Violeta Assiego.   

La infancia sigue sin ser una prioridad en los presupuestos generales del Estado que no contemplan una evaluación de la situación macroeconómica y fiscal de los derechos de la infancia y adolescencia, no especifican claramente las asignaciones destinadas a la infancia y la adolescencia, ni incluyen indicadores específicos de su impacto sobre la infancia y adolescencia como recomienda Naciones Unidas. Estas son las principales conclusiones del análisis que hace público hoy, último día para presentar enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, la Plataforma de Infancia y en el que han colaborado Deloitte Legal y la abogada e investigadora sobre derechos humanos y vulnerabilidad, Violeta Assiego.

El estudio analiza las partidas presupuestarias destinadas a infancia en función de cuatro categorías: protección social y prestaciones, educación, bienestar social y salud. A primera vista todas las categorías analizadas aumentan en relación con lo presupuestado en 2017. Sin embargo, tras un análisis más profundo, comprobamos que este ascenso no responde a una apuesta suficiente y adecuada del Gobierno por la infancia más vulnerable, y que las partidas presupuestarias que fueron recortadas en los años de crisis no están viendo los efectos de la recuperación.

“Los Presupuestos Generales del Estado son la mejor herramienta con la que contamos para analizar las prioridades políticas de un Gobierno y, como muestra el estudio que hoy hacemos público, los derechos de los niños y las niñas, especialmente los de aquellos en situación de vulnerabilidad, están lejos de ser una prioridad en España” explicó Adolfo Lacuesta, Presidente de la Plataforma de Infancia.

Se reducen en un 18,99% las Ayudas para el impulso de la Formación Profesional (partida nº 18.05.453), que pasa de 54.642.000,96 euros en 2017 a 45.924.000,13 euros en 2018, y la partida destinada al Programa de Educación Compensatoria que pasa de 4.652.000,88 euros en 2017 a 4.536.000,5 euros en 2018, una reducción del 2,7%.

El Fondo Extraordinario para Combatir la Pobreza Infantil se incrementa en tan sólo 2.000.000 de euros. Mientras que el Programa de Atención a la Infancia y a las Familias, ejecutado por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad se reduce en un -15,99% pasando de 10.238.000,78 euros en 2017 a 12.129.00,14 euros en 2018. El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos se ha reducido en 500.000 euros y otras partidas se han modificado dificultando saber qué cuantía específica se destina a la infancia como el Programa 322K de Deporte en Edad Escolar que no aparece en los presupuestos, mientras que sí aparece el 336A de Fomento y Apoyo de las Actividades Deportivas, sin especificar qué cuantía se especifica a infancia.

El pasado mes de febrero el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas manifestó su preocupación por el hecho de que las inversiones en infancia realizadas por el Estado Español no hayan alcanzado un nivel suficiente para compensar el impacto negativo de la crisis económica y social que comenzó en 2008 y que ha producido un aumento de la pobreza y la desigualdad social, dejando a 1 de cada de 3 niños en riesgo de pobreza o exclusión social. El Comité señalaba también la necesidad de que tanto a nivel nacional como en las distintas regiones o comunidades autónomas se realice un análisis presupuestario sistemático con vistas a la correcta determinación, el seguimiento y la protección de los recursos necesarios para hacer efectivos los derechos del niño.

“Es obligación de los Estados garantizar el gasto público suficiente, eficaz, eficiente y equitativo para cumplir los derechos de la infancia establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas” añade Lacuesta. “Desde la Plataforma de Infancia pedimos un aumento de los recursos destinados a infancia hasta alcanzar la media de la Unión Europea del 2,4% del PIB, actualmente nos situamos en el 1,3%, y reclamamos además que este aumento de recursos se garantice a través de un acuerdo político en el marco de un Pacto de Estado por la Infancia”.

España es el tercer país de la Unión Europea con más pobreza infantil y el segundo con la prestación por hijo a cargo más baja y no universal. Por lo que las organizaciones que integran la Plataforma de infancia piden también aumentar la prestación por hijo a cargo de 24,25 a 100 euros al mes como principal herramienta para reducir la pobreza infantil. Este incremento, así como la ampliación de los umbrales de familias que perciben esta prestación, supondría reducir sustancialmente los porcentajes de pobreza infantil.

Como notas positivas y avances en materia de derechos de infancia dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 destacan la ampliación del permiso de paternidad de cuatro a cinco semanas y a la asignación presupuestaria clara y localizada de las pensiones de orfandad par a hijas e hijos de las víctimas de violencia de género. Además, se han anunciado dos medidas que afectan directamente a las familias con hijos menores: el incremento de deducción para familias numerosas mediante el cheque natalidad, y el establecimiento de la deducción de 1.000 euros anuales por gastos de custodia de hijos menores de tres años en guarderías.

El análisis completo se puede consultar aquí

 

 

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