La recuperación económica será más difícil para las personas jóvenes

La recuperación económica será más difícil para las personas jóvenes

La recuperación económica será más difícil para las personas jóvenes

  • El Consejo de la Juventud de España y el Instituto de la Juventud presentan la segunda parte del estudio conjunto ‘Juventud en riesgo: análisis de las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 sobre la población joven en España’
  • La pandemia de la COVID-19 ha supuesto una destrucción de puestos de trabajo que no se ha distribuido de manera homogénea: dos de cada tres jóvenes no tienen empleo y un tercio de quienes sí tienen trabajo corren el riesgo de perderlo
  • Elena Ruiz Cebrián, presidenta del Consejo de la Juventud de España: “Las personas jóvenes se encuentran en una situación de emergencia social que exige implementar medidas para no dejar atrás a toda una generación”
  • María Teresa Pérez, directora general del Injuve: “El gran reto que afronta nuestro
  • país es incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo”

Madrid, 06 de octubre de 2020 –. Los efectos económicos derivados de la COVID-19 han golpeado con especial virulencia a la juventud española, siendo el colectivo más perjudicado por el parón de la economía. Como reflejan los datos del informe “Juventud en riesgo”, incluso contando a las personas jóvenes acogidas a un ERTE como empleadas, la tasa de ocupación entre jóvenes ha caído hasta el 33% y se ha producido un aumento de la tasa de paro hasta el 30%.

Estos son algunos de los datos que recoge la segunda entrega del estudio ‘Juventud en riesgo: análisis de las consecuencias socioeconómicas del COVID-19 sobre la población joven en España’, elaborado con fuentes secundarias por el Consejo de la Juventud de España (CJE) y el Instituto de la Juventud (Injuve) con el objetivo de ofrecer una visión real y ajustada de los efectos económicos y sociales de la pandemia entre los y las jóvenes de nuestro país, fundamentalmente en lo relativo a un mercado laboral juvenil previamente sesgado, precario, eventual y mal remunerado.

En el mes de junio se hacían públicos los resultados de un primer estudio que concluía que las personas jóvenes eran las que experimentaron con mayor intensidad el impacto inmediato del parón económico derivado del confinamiento. Esta segunda entrega pretende calibrar las secuelas que esta crisis sanitaria, económica y social deja en las expectativas y la incorporación laboral de la población joven.

Según el informe sólo el 33,5% de las personas de 16 a 29 años tienen un empleo, incluyendo a aquellas que están en situación de ERTE, lo que significa que la tasa de empleo ha caído más de siete puntos porcentuales respecto al segundo trimestre de 2019. Al mismo tiempo, la tasa de paro de la población joven se ha situado en el 30,0%, mientras que la tasa de actividad -que mide las personas jóvenes que están trabajando más las que están en paro y buscan trabajo de manera activa- ha retrocedido hasta cotas nunca vistas en la última década: del 54,2% del pasado año al 47,9% actual, apuntando a un fenómeno que ya conocimos durante la anterior crisis: gran parte de la población joven, ante la imposibilidad de encontrar un trabajo, abandona la búsqueda activa de empleo y se refugia, de nuevo, en los estudios, pasando a integrarse en la población inactiva.

Para explicar el incremento del paro juvenil, el informe también se adentra en el flujo de la EPA, que compara la situación de parte de la muestra joven entre el primer trimestre y el segundo trimestre. Así, vemos que, entre ambos trimestres, 2 de cada 10 jóvenes, un 19.8%, ha perdido su empleo, pasando de trabajar al paro o a la inactividad. Además, en el mismo periodo y simultáneamente, se registra un 56% de jóvenes recién apuntados al paro para buscar trabajo.

Un trabajo que muchos no han encontrado este año. En este sentido, el informe destaca también una caída de la ocupación estacional de la población joven de un 14,1% interanual en julio – siendo uno de los rasgos específicos de la incorporación de las personas jóvenes al mercado de trabajo que tiene un fuerte componente estacional (muchas personas jóvenes empiezan a trabajar a partir del mes de junio, coincidiendo con el fin del curso escolar y la eclosión del sector turístico; a partir de septiembre, estos puestos de trabajo se extinguen y las personas jóvenes o regresan a los estudios o empiezan a buscar trabajo de nuevo)- al tiempo que refleja una disminución en la tasa de temporalidad entre la población joven, hasta ahora muy estable, que la sitúa por debajo del 50% por primera vez desde 2014. Si, tal como ocurrió justo después de 2008, la temporalidad disminuye, es porque muchos contratos temporales que seguían vigentes hasta entonces se extinguen o no se renuevan en un contexto en el que muchas empresas difícilmente pueden preservar su estructura de personal, concluye el informe.

Es por eso que, de manera global, puede afirmarse que la pandemia de la COVID-19 ha supuesto una destrucción de puestos de trabajo que no se ha distribuido de manera homogénea. Con anterioridad a la crisis económica que ha acarreado la pandemia, ya se advertía que la población joven era uno de los colectivos con mayor precariedad laboral por contar con una mayor temporalidad, unos menores sueldos, una mayor parcialidad, una mayor discontinuidad y un mayor riesgo de sobrecualificación. Son los llamados “puestos de trabajo vulnerables a corto plazo”.

En todos los casos las cifras reflejan una pauta dual característica cíclica del sistema productivo español: las personas jóvenes, cuyos empleos son mayoritariamente temporales y precarios, son despedidas (o no renovadas) a bajo coste en épocas de crisis. Pero en este caso el impacto se avizora aún mayor si no se diseñan políticas específicas de consenso que puedan evitarlo. La crisis actual amenaza con impactar con mayor severidad en aquellos sectores no esenciales y de baja productividad tradicionalmente asociados a la empleabilidad joven con lo que, cuando finalicen los ERTE, la dinámica de despidos asociada a los contratos precarios de las personas jóvenes puede poner en peligro la empleabilidad de más de la mitad de la juventud española.

Elena Ruiz Cebrián, presidenta del Consejo de la Juventud de España ha señalado que “las personas jóvenes se encuentran en una situación de emergencia social que exige implementar medidas para no dejar atrás a toda una generación” y reclama al Gobierno que trabaje de manera coordinada con las organizaciones juveniles para adoptar políticas públicas urgentes que mejoren la situación de vulnerabilidad de la juventud.

«El gran reto que afronta nuestro país es incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo; debemos profundizar en la línea de protección social y laboral que salvaguarde unas condiciones dignas y una calidad de vida para el colectivo joven», insiste María Teresa Pérez, directora general del INJUVE, quien ha recordado que el Gobierno ya está elaborando un Plan de trabajo digno para jóvenes que se presentará en las próximas semanas.


Estudio conjunto ‘Juventud en riesgo: análisis de las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 sobre la población joven en España’

 

Larry Ollarve

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