La Ley de protección de la infancia incorpora sistemas de prevención, amplía la prescripción de los delitos más graves y prevé cambios en el proceso judicial

La Ley de protección de la infancia incorpora sistemas de prevención, amplía la prescripción de los delitos más graves y prevé cambios en el proceso judicial

La aprobación el pasado martes en Consejo de Ministros de la Ley Orgánica de Protección Integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia es una noticia muy positiva para las organizaciones de infancia y para la propia Plataforma de Infancia, que ya en 2010 solicitaron al Comité de los Derechos del Niño que instara a España a su aprobación. La ley comenzará ahora su tramitación parlamentaria para acabar cuanto antes con la lacra social que supone la violencia contra niñas, niñas y adolescentes.

Esta ley supondrá un gran avance en la defensa de los derechos de la infancia en España, que se va a convertir en el primer país con una ley integral para proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia. Pero, además, va a tener un gran componente de sensibilización social, visibilizando la realidad y mandando un mensaje rotundo a la sociedad de rechazo a cualquier forma de violencia contra la infancia. A pesar de que existen pocos datos, estos ponen en evidencia que nos encontramos ante un problema alarmante. Datos del Ministerio del Interior señalan que 1 de cada 2 denuncias por delitos contra la libertad sexual registradas en España en 2018 tuvieron como víctimas a niños, niñas o adolescentes.

Esta Ley impulsará la creación de un registro central sobre la violencia contra la infancia. Además, ampliará el plazo de prescripción de los delitos más graves contra menores de edad que empezará a contabilizarse cuando la víctima cumpla 30 años, en lugar de 18. Además, para evitar la revictimización la Ley contempla que la prueba preconstituida sea obligatoria para los menores de 14 años. También se incorporan nuevos delitos a través de internet, castigando a quienes promuevan el suicidio, la autolesión o los trastornos alimenticios entre menores; así como la comisión de delitos de naturaleza sexual. Además, los ciudadanos tendrán la obligación de denunciar ante indicios de violencia y los propios menores, con grado de madurez suficiente, podrán denunciar sin necesidad de estar acompañados por un adulto.

La Ley también incorpora un importante enfoque preventivo a través de la especialización de todos los agentes implicados en el día a día del niño (educadores, profesores, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etc.) y se crea la figura del coordinador o delegado de protección en centros educativos, espacios de ocio y tiempo libre.

Por otra parte, desde la Plataforma de Infancia consideramos insuficiente el tratamiento que se que se le ha dado al sistema de protección, teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad de estos niños y niñas, tal y como el Comité de los Derechos del Niño alertó a España en sus Observaciones finales en 2018. Consideramos fundamental que sea abordado como un ámbito prioritario e incorpore la garantía de canales de denuncia, asistencia letrada y una vigilancia de la situación en estos centros.

Otro aspecto muy demandado por las organizaciones de infancia, y que finalmente no ha sido incorporado en esta ley son los juzgados especializados. Sin embargo, se prevé que en el plazo de un año tras la entrada en vigor de la norma, el Gobierno remitirá a las Cortes dos proyectos de ley para crear juzgados especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia. Esperamos que tanto el Gobierno, como los grupos políticos, lo establezcan como una de sus prioridades y se comprometan a trabajar en ello en dicho plazo.

La clave del éxito de esta ley será que venga acompañada de presupuestos y estrategias para su implementación. La estrategia se menciona en el borrador de la ley, pero es necesario garantizar la dotación presupuestaria que requiera para que se pueda aplicar adecuadamente.

Todas las formas de violencia contra la infancia, además de tener un efecto muy negativo en su desarrollo y bienestar, suponen una vulneración grave de sus derechos y un ataque a su dignidad. Por ello pedimos el mayor consenso político posible para que la tramitación de la ley sea rápida. Desde las organizaciones de infancia seguiremos trabajando para que la ley que finalmente se apruebe recoja todas las medidas imprescindibles para mejorar la protección de la infancia y la adolescencia.

Larry Ollarve

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Rellena el siguiente campo *

« El COVID-19 provoca un aumento del trabajo infantil en todo el mundo
Niños, niñas y adolescentes con sordera crean sus propios “libros viajeros” durante el estado de alarma »

COVID-19

COVID19 – 100 MEDIDAS A FAVOR DE LA INFANCIA

100 medidas para proteger a la infancia en la crisis del COVID-19

Empresa Solidaria

Calendario de Eventos

<<Jul 2020>>
lmmjvsd
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2