Organizaciones, víctimas y expertos apelan al consenso político para no retrasar la tramitación de la Ley de violencia contra la infancia

Organizaciones, víctimas y expertos apelan al consenso político para no retrasar la tramitación de la Ley de violencia contra la infancia

Ley de Violencia contra la Infancia: Organizaciones, víctimas y expertos apelan al consenso político para no retrasar su tramitación

Madrid, 8 de junio de 2020. La Plataforma de Infancia, Save the Children y la Fundación Vicki Bernadet expresan su satisfacción ante el anuncio de la aprobación mañana por el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Las entidades así lo han señalado en la rueda de prensa que han dado conjuntamente con el pianista James Rhodes y con Luis Pedernera, presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Además, han pedido que el Gobierno solicite a la mesa del Congreso de los Diputados que la califique de urgencia para que los plazos se acorten lo máximo posible.

Todas las personas que han participado en la rueda de prensa han coincidido en que es esencial mantener el consenso político que existe alrededor de esta ley, impulsada por el último Gobierno del Partido Popular, el Gobierno socialista en solitario en la anterior legislatura y, ahora, por el actual de Coalición. Las organizaciones coinciden en pedir que ese consenso se traslade a su tramitación en el Congreso.

“Es un texto consensuado que cambiará la vida de los niños, niñas y adolescentes que están sufriendo violencia o son susceptibles de llegar a sufrirla”, ha explicado Andrés Conde, director general de Save the Children. “Cada día de retraso es un día más de sufrimiento para las víctimas del acoso escolar, de los abusos sexuales, del maltrato… No podemos seguir fallando a la infancia, la aprobación de esta ley debe ser una absoluta prioridad para todos los grupos parlamentarios”, ha añadido.

El anuncio de la aprobación de esta ley es una noticia muy esperada por las organizaciones de infancia, que han sido consultadas para su redacción, así como los propios niños y niñas. “La violencia contra la infancia es un problema alarmante. Esta ley lanza un mensaje rotundo de rechazo a cualquier forma de violencia contra la infancia y esperamos que traiga consigo un cambio de conciencia en la sociedad”, ha explicado Carles López, presidente de la Plataforma de Infancia, “Esperamos además que la ley venga acompañada de una adecuada dotación presupuestaria y de una estrategia con medidas concretas de sensibilización, prevención, protección y reparación; así como de responsabilidades definidas para cada nivel administrativo”.

“Esta ley, largamente esperada por todos los agentes implicados en la lucha contra los abusos sexuales infantiles, supone un nuevo paradigma de reconocimiento y un espacio propicio para la visualización de esta lacra social, que a su vez, pondrá remedio a una situación injusta para muchas víctimas a las que, estoy segura, facilitará, entre otras muchas cosas, romper el silencio y denunciar su situación”, ha recordado Vicki Bernadet. “No obstante, mi deseo es el total cumplimiento de las expectativas creadas para un colectivo que necesita el amparo del conjunto de la sociedad y de sus representantes, para conseguir rehacer sus vidas con el apoyo y ayuda de todos”, ha matizado.

James Rhodes, el pianista y superviviente a abusos sexuales en la infancia ha asegurado que “durante demasiados años cientos de organizaciones, profesionales comprometidos han realizado campañas para los niños y las niñas sean honrados. Hoy estoy extremadamente feliz porque esta ley vaya a ser aprobada en el Consejo de Ministros. Hoy por primera vez siento que he jugado un pequeño papel en esto”. Rhodes ha añadido que le gustaría que a la norma fuera conocida simplemente como “Ley de la Infancia”.

Por su parte, Luis Pedernera ha recordado que “en 2010 el Comité de los Derechos del Niño recomendó al Estado español poner en marcha los mecanismos para contar con una ley de estas características y lo hemos vuelto a decir en nuestro documento de 2018. Ya transcurrieron 10 años, han pasado diferentes administraciones políticas que coinciden en la necesidad y pertinencia de la misma, pero los niños en España aún no gozan de la protección de un instrumento jurídico de estas características. El Estado Español no puede permitirse que los niños sigan quedando atrás, por ello aliento a los legisladores que tendrán en sus manos la tarea de aprobar el texto a hacerlo con seriedad y urgencia que exige una deuda histórica con la infancia”.

Esta ley introducirá importantes cambios legales y situará a España entre los países punteros a nivel mundial en la defensa y protección de la infancia y la adolescencia. Entre los principales cambios que introducirá la norma se encuentran el aumento del plazo para que empiece a contar la prescripción de los delitos cometidos hacia menores de edad, que pasará a empezar a contar desde que la víctima cumpla los 30 años en lugar de que sea a partir de que alcance la mayoría de edad. La ley también recoge el refuerzo de los protocolos de prevención de violencia en las escuelas y centros de deporte y ocio, así como la formación de jueces y fiscales en derechos de infancia o el refuerzo de la prueba preconstituida como medida para evitar que los niños y niñas tengan que dar testimonio muchas veces y ante distintos agentes.

Asimismo, esta ley tiene un gran enfoque preventivo e incluye la educación afectivo-sexual como principio transversal en la enseñanza reglada y la formación sobre violencia y protección en los currículums formativos de profesionales de centros educativos. También pone las bases para la creación de la Conferencia Sectorial de la infancia y la adolescencia, órgano de cooperación entre administraciones públicas, algo que las organizaciones infancia consideran fundamental para promover la eficacia y eficiencia en el diseño, implementación y evaluación de políticas de infancia.

El anteproyecto de ley también alude a la necesidad de que las administraciones públicas procuren que la atención a los niños y niñas víctimas de violencia se realice en espacios que cuenten con un entorno amigable adaptado. Sin embargo, las organizaciones de infancia echan en falta una regulación más contundente en, entre otros, el ámbito judicial.


Larry Ollarve

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