Pedimos establecer una Comisión Permanente de Derechos de la Infancia y Adolescencia con carácter legislativo

Pedimos establecer una Comisión Permanente de Derechos de la Infancia y Adolescencia con carácter legislativo

Pedimos establecer una Comisión Permanente de Derechos de la Infancia y Adolescencia con carácter legislativo

Pedimos establecer una Comisión Permanente de Derechos de la Infancia y Adolescencia con carácter legislativo

Esta nueva legislatura que comienza es decisiva para la infancia en nuestro país y el Congreso de los Diputados debe ser, más que nunca, un espacio de referencia para garantizar avances legislativos que materialicen sus derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. El Congreso debe convertirse también en un espacio donde, además de dialogar con expertos y sociedad civil, se escuche la voz de niños, niñas y adolescentes. Para ello es fundamental asegurar el establecimiento de una Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia con carácter legislativo.  

Esta es una de las 17 medidas por la infancia que planteamos a los grupos políticos para incluir en sus programas electorales con el objetivo de mejorar la situación de la infancia en España. Durante la pasada legislatura existió una comisión similar pero sin carácter legislativo, es decir, sin capacidad para tramitar, aprobar y convertir en leyes las proposiciones no de ley (PNL). En enero de este año, en la segunda comparecencia de niños, niñas y adolescentes ante la Comisión estos insistieron a los grupos políticos en sus peticiones pero también en la necesidad de que la Comisión “haga sus deberes” y rinda cuentas a los chicos y chicas de lo conseguido.

Desde la Plataforma de Infancia consideramos que dicha comisión, con carácter legislativo, será el engranaje necesario para poder desarrollar los compromisos asumidos la pasada legislatura respecto a los derechos de la infancia en España, como es la aprobación de una Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, a la que se comprometieron todos los grupos políticos en PNL, y que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha pedido en repetidas ocasiones a España.

En la legislatura pasada se trabajó con la sociedad civil, incluyendo una consulta niños, niñas y adolescentes, un anteproyecto de Ley que ahora requiere una Comisión con carácter legislativo para, una vez retomado dicho proyecto por el Gobierno, proceder a su debate y aprobación. La infancia de este país necesita la aprobación de esta Ley y para asegurar su tramitación de manera efectiva es necesaria que se dote a la Comisión de Infancia y Adolescencia de dicho carácter legislativo.

Otras medidas que debería impulsar la comisión son la Consecución de un Pacto de Estado por la Infancia, el impulso de medidas urgentes para luchar contra la pobreza infantil como el aumento de la prestación por hijo a cargo y de las plazas públicas de educación infantil; o la promoción de la participación de niños, niñas y adolescentes.

Se han impulsado 27.739 iniciativas en total durante la pasada legislatura; 5.844 de ellas relacionadas con infancia, siendo este tema el más abordado en el Congreso. Estos datos ponen en evidencia la necesidad de una Comisión legislativa que dote de estabilidad el impulso de las iniciativas de infancia en el Congreso, un espacio regulado en el Reglamento del Congreso y cuya constitución y carácter no dependa de la voluntad de los diferentes grupos en cada ciclo. De este modo además, los diputados y diputadas que participen en dicha Comisión se especializarían en materia de infancia y podrían abordar las iniciativas de infancia con una perspectiva global, impulsando avances efectivos de los derechos de los niños y niñas en España, en lugar de iniciativas aisladas.

Señalar también que una Comisión específica de infancia es necesaria para ejercer el debido control parlamentario del Gobierno en materia de infancia, especialmente de organismos como el Alto Comisionado de lucha contra la pobreza infantil que carece de vinculación ministerial, al depender de Presidencia, y que, por tanto, no tendría comisión de referencia para dicho control.

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