1.

La aprobación de la ley para erradicar la violencia contra la infancia y una estrategia multidisciplinar. Existe consenso parlamentario (se aprobó una PNL apoyada por todos los grupos parlamentarios en 2017) y un trabajo hecho en este sentido (El gobierno tiene borradores que ha trabajado con las organizaciones de infancia), por lo que el nuevo gobierno tendría que trasladarlo al legislativo cuanto antes para poder aprobarlo en esta legislatura. Tenemos información del porqué de esta ley (datos actuales, que cambiaría etc.).

2.

Elaborar el III Plan de Infancia y Adolescencia (PENIA) 2018-2022, que es una de las recomendaciones que ha hecho este año a España el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y que el anterior Gobierno no ha terminado de elaborar. El III Plan permitirá asumir compromisos para el Gobierno y coordinar mejor las políticas de infancia a todos los niveles. Es competencia exclusiva del Ejecutivo.

 

3.

Elaborar una Estrategia de Pobreza y Exclusión Social 2018-2020 en la que se comprometa a largo plazo con la reducción de la pobreza infantil en España. Para ello es fundamental, en los siguientes presupuestos del estado, incluir compromisos en relación a:

  • Prestación por hijo a cargo, incrementado la cuantía y cobertura. En concreto debería asumirse una implementación progresiva hasta 2022 de una nueva medida de ámbito nacional de protección social y económica de los hogares con niños, consistente en establecer una prestación económica directa de 1.200 euros anuales por cada niño o niña (menores de 18 años) condicionada a un límite de ingresos basado en los umbrales oficiales de pobreza. Esta medida estaría basada en la actual prestación no contributiva por hijo a cargo de la Seguridad Social y su importe será actualizado regularmente. Esta prestación será compatible con la actual prestación por hijo menor de edad por causa de discapacidad mayor del 33% y otras ayudas sociales y educativas dirigidas específicamente a los niños y niñas. La política beneficiaría a unos 2.485.000 niños y niñas y reduciría las tasas de riesgo de pobreza infantil en un 18% y las de pobreza infantil severa en un 30%, teniendo un impacto considerable también en las cifras de pobreza de los adultos.
  • Educación de 0-3 años. Aumentando las plazas públicas. Con el objetivo de que España alcance en 2022 la media europea de cobertura pública en esa etapa situada en el 58% y aumente la escolarización entre las familias más vulnerables. Para ello se establecerá una cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas para financiar conjuntamente la creación de 70.000 plazas públicas en escuelas infantiles que deberán ser gratuitas para las familias con menos recursos

4.

Iniciar los trabajos para un Pacto de Estado por la Infancia. Garantizando que los futuros Gobiernos garanticen unos compromisos mínimos con la infancia en términos de inversión, protección, etc. Este Gobierno puede impulsar este compromiso que viene demandando las organizaciones de infancia y que además el PSOE incluía en su programa electoral.

Este pacto deben contemplar las siguientes cuestiones prioritarias:

  • La inversión real que las Administraciones Públicas realizan debe ser correctamente identificada.
  • Deben determinarse los distintos ámbitos a los que esa inversión se destina, con el fin de valorar y mejorar su eficacia y conseguir combatir la desigualdad en las Comunidades y Ciudades Autónomas.
  • Se debe comprometer un aumento progresivo de la inversión hasta situar a España en la media de la Unión Europea. Abordando propuestas como la prestación por hijo y la educación 0-3 (VER PROPUESTA ANTERIOR)
  • Se debe crear un fondo social de reserva que garantice la inversión, más allá de las situaciones de crisis.

5.

Fomentar y dar ejemplo como gobierno en generar canales de participación infantil para que se tenga en cuenta la opinión de niños, niñas y adolescentes en las cuestiones que les afectan.