Violencia contra la infancia

La violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes suele permanecer oculta, principalmente por la propia invisibilidad de la misma, que suele darse en entornos de intimidad, y por los miedos y obstáculos que encuentran los niños y niñas para denunciar y dentro del propio sistema de justicia. A pesar de todo ello, los datos que existen ponen en evidencia que nos encontramos ante un problema alarmante:

  • 1 de cada 2 denuncias por delitos contra la libertad sexual registradas en España en 2018 tuvieron como víctimas a niños, niñas o adolescentes, según datos del Ministerio del Interior.
  • En 2018 crecieron un 15,2 por ciento las denuncias contra la libertad sexual en las que las víctimas son menores de 18 años, hasta denunciarse 5.281 casos frente a los 4.475 de 2017.
  • Durante 2018 en España se produjo un incremento en las denuncias de malos tratos hacia la infancia que han pasado de 4.875 en 2017 a 5.105 en 2018, lo que supone un aumento del 4,5%.
  • En 2018 se registraron 2.319 denuncias por delitos cibernéticos contra menores de edad.
  • Las notificaciones de maltrato a niños, niñas y adolescentes en el ámbito familiar superan las 16.700.

El Problema: La tolerancia social y las carencias del ordenamiento jurídico

Todas las formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, además de tener un efecto muy negativo en su desarrollo y bienestar, suponen una vulneración grave de sus derechos y un ataque a su dignidad. Sin embargo, algunas formas de violencia que sufren los niños y niñas son toleradas socialmente en España, impidiendo avanzar en la erradicación de la misma.

Es por ello necesario que los poderes públicos trabajen para cambiar la mentalidad social y lanzar un mensaje rotundo de rechazo a cualquier forma
de violencia ejercida contra los niños y niñas.

Además, a pesar de las mejoras que en los últimos años se han introducido con las reformas legales, el ordenamiento jurídico en España no ofrece a los niños, niñas y adolescentes una protección integral frente a la violencia y adolece de grandes carencias, principalmente:

  • En el ámbito de la prevención, la identificación precoz y la notificación, debido fundamentalmente a la carencia de ambientes protectores, de mecanismos de denuncia accesibles a los niños, y a la falta de formación en violencia contra la infancia de los profesionales que están en contacto directo con niños, niñas y adolescentes.
  • Falta de adaptación del sistema judicial a las necesidades de la infancia y la adolescencia lo que no crea entornos amigables y revictimiza a los
    niños y niñas.
  • Falta de un sistema de reparación y reintegración de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos.
  • Ausencia de un sistema de recogida de datos que permita visibilizar y conocer el alcance y las características de la violencia ejercida contra
    la infancia.

Nuestras Propuestas: Aprobación de una Ley Orgánica de Protección Integral a la infancia y la adolescencia

Proponemos la aprobación de una Ley Orgánica de Protección Integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia que implique a las Administraciones en distintos niveles, y que plantee medidas integrales de prevención, detección, intervención, protección y restauración para luchar contra la violencia ejercida contra la infancia:

  • Previsión de un sistema de recogida de datos y de análisis que permitan conocer la realidad y de campañas de sensibilización y concienciación social que promuevan el rechazo a la violencia contra todos los niños y niñas en todas sus facetas.
  • Formación de los y las profesionales que tengan contacto con niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos para mejorar la prevención, la identificación y la protección y atención física y psicológica de los niños y niñas víctimas de violencia.
  • Mecanismos de denuncia accesibles a los niños y niñas ante situaciones de violencia en los diferentes contextos: familia, sistema educativo, sistema de protección, sistema de salud…
  • Adaptación del sistema de justicia a las necesidades de la infancia y, en particular, de las niñas para evitar que el proceso judicial las revictimice. En concreto sería necesaria la especialización de los Juzgados de Instrucción y la creación de una Fiscalía especializada de violencia contra la infancia.
  • Aumento del plazo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra niños y niñas (contando a partir de que la víctima cumpla 30 años, y no a partir de los 18 como hasta ahora).
  • La aprobación de una Estrategia Integral sobre la Violencia contra la Infancia que pueda coordinar y establecer medidas, actuaciones y procedimientos oportunos a todos los niveles de la Administración para ofrecer una respuesta integral al problema. Esta estrategia, con la participación de las organizaciones de infancia y de los propios niños y niñas, debe contemplar un plan presupuestario claro y las actuaciones que la desarrollarán así como la administración responsable de las mismas.