“Veto Parental” los derechos fundamentales de los niños no deben ser cuestionados ni limitados

“Veto Parental” La Plataforma de Infancia señala que los derechos fundamentales de los niños y niñas no deben ser cuestionados ni limitados

“Veto Parental” La Plataforma de Infancia señala que los derechos fundamentales de los niños y niñas no deben ser cuestionados ni limitados

“Veto Parental” los derechos fundamentales de los niños no deben ser cuestionados ni limitados

El pasado Consejo de Ministros del 17 de enero, anuncio el recurso por vía judicial de la decisión del Gobierno de la Región de Murcia de imponer el denominado “pin parental” en los centros educativos. Esta medida, anunciada por el Gobierno Murciano para el curso 2019-2020, propone que las actividades escolares complementarias, de carácter obligatorio, queden a criterio de la autorización previa de los padres y madres.

Desde la Plataforma de Infancia queremos insistir en que, como señala la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional más ratificado del mundo y de obligado cumplimiento, el derecho fundamental que tienen los niños y niñas a la educación va más allá del conocimiento de materias técnicas. La educación es un derecho reconocido tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño como en la Constitución Española y los derechos, no se pueden vetar. Ambos textos entienden la educación como una formación integral que garantice que “el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respecto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

Por otra parte, los derechos de los niños no son concesiones de los adultos. Como señala la Convención sobre los Derechos del Niño, los niños y niñas son sujetos de derechos y, por tanto, no son objeto de propiedad de persona o entidad alguna. La familia es el medio natural para su crecimiento y bienestar, y para recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades. Por eso recae en los padres y madres la patria potestad de los niños, y el derecho a tomar decisiones sobre su bienestar. Pero esta responsabilidad no se debe entender desde un sentido de propiedad.

Los padres y madres tienen un rol fundamental en la toma de decisiones sobre la educación de sus hijos dando un peso específico en la libertad de elección del tipo de centro y educación que reciben, así como en la toma de decisiones a través de órganos como el Consejo Escolar. Sin embargo, como ha señalado el Tribunal Supremo, el derecho fundamental de los niños y niñas a recibir educación prevalece por encima de una hipotética “objeción de conciencia” por parte de los padres porque “equivaldría en la práctica a que la eficacia de las normas jurídicas dependiera de su conformidad con cada conciencia individual, lo que supondría socavar los fundamentos mismos del Estado democrático de Derecho.” (STS, 11 de febrero de 2009).

Por otra parte, ya existen mecanismos dentro del sistema escolar que se han venido utilizando para garantizar que el contenido de los planes de estudio o de las actividades complementarias propuestas no vayan en contra del ordenamiento jurídico, de los valores democráticos o de los derechos humanos. El Consejo Escolar, formado por representantes del centro, profesores, alumnos y los propios padres y madres, debate las actividades complementarias propuestas. Estas actividades son aprobadas al inicio del curso dentro de la Programación General Anual y son evaluadas una vez realizadas. No olvidemos que estas actividades complementarias forman parte del currículo escolar y, por tanto, son de obligada asistencia y evaluables.

Es fundamental que los padres y madres se involucren en la educación de los niños y niñas. Por esa razón desde la Plataforma de Infancia hemos venido demandando un mayor fortalecimiento de la capacidad de decisión de los Consejos Escolares así como animar a la implicación de los padres y madres en el mismo.

Los derechos de los niños y niñas no deberían ser cuestionados ni limitados. Las instituciones, los partidos políticos, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto deberían trabajar para fortalecerlos y garantizarlos.

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